10 razones para eliminar las ayudas al carbón
IU y PSOE apoyan las reaccionarias movilizaciones en favor de más subvenciones públicas a los empresarios mineros del carbón y en favor de la destrucción ecológica.
Porqué las subvenciones al carbón no son de interés colectivo
Ayudas por doquier. Son muchos los tipos de subvenciones públicas estatales que desde hace décadas viene recibiendo el sector industrial de la minería del carbón. Se trata de ayudas a la extracción o producción, del Plan Miner con inversiones sociales para el desarrollo local y la reconversión del sector, y el "decreto" de ayuda a la quema del “carbón autóctono” en las centrales térmicas.Los principales beneficiarios de las subvenciones son los empresarios mineros. El empresario minero privado más beneficiado es Victorino Alonso. Cada minero en activo (unos 5 mil) cuesta más de 100 mil euros al año al erario público español.
2. No nos hace falta el carbón. El contexto energético español es de un gran exceso de capacidad de generación. Hay un gran superávit de potencia eléctrica lo que convierte al carbón en innecesario y sobrante. El sistema eléctrico español podría prescindir del carbón, tanto el autócnono como el importado. Existe una sobrecapacidad de generación eléctrica en relación a los picos máximos del consumo de más del 30%. Además, España exporta mucho más electricidad que importa. También las continuadas subvenciones al carbón aumentan el déficit tarifario que el sector empresarial de la electricidad arrastra (venta de la energía por debajo de su coste económico a lo largo de todo el ciclo de producción) lo que contradice las leyes europeas.
3. El grifo de ayudas se cierra por imperativo legal europeo.Las subvenciones estatales al carbón debían haberse acabado en toda la Unión Europea a finales del 2010, pero a fuerza de las presiones del sector industrial junto a las de algunos gobiernos como el de Alemania y España se consiguió un aplazamiento con claras condiciones y restriccions hasta el 2018. Son de tres tipos las exigencias europeas: la UE obliga al gobierno español a reducir progresivamente las ayudas hasta que acaben en el 2018; las ayudas públicas deben servir para el cierre ordenado de las explotaciones mineras no rentables en el actual contexto de liberalización del mercado energético; las empresas mineras están obligadas a devolver las ayudas estatales que reciben.A partir del 2018 solo podrán quedar en actividad las empresas mineras que sean económicamente rentables sin ayuda pública alguna. En el caso español, casi todo el sector de la minería del carbón es económicamente dependiente del Estado ya que solo puede ser rentable con inmensas y continuas inyecciones de dinero público.
4. El carbón vulnera la legalidad climática. Las ayudas públicas al carbón disparan las emisiones contaminantes a la atmósfera. La participación del carbón en el mix eléctrico español llegó a bajar por de bajo del 5% en 2008, lo que propició una bajada significativa de las emisiones de CO2 del sector industrial español. Sin embargo hubo una subida al 11% en el 2011 como consecuencia de las ayudas públicas dadas a las empresas extractivas y a las térmicas, sobretodo por el Decreto para la quema de "carbón nacional". Con la política estatal de subvenciones al contaminante carbón España incumpirá sus compromisos legales, europeos e internacionales, en la lucha colectiva contra el cambio climático. En consecuencia se crea una macabra espiral de sangria pública es consecuencia de las subvenciones al carbón si se tiene en cuenta que el Gobierno está obligado a gastar centenares de millones de dinero público comprando derechos de emisiones contaminantes extras. A partir del 2013 todas las empresas españolas tendrán que pagar sus propias emisiones de CO2.
5. Las renovables son las fuentes más “autóctonas”. España no necesita el carbón llamado “autóctono”, ni para reducir la dependencia energética ni para mantener su autonomía y seguridad energética. Hay abundantes fuentes de energías limpias que también son “autóctonas” y que ya superan con creces la capacidad de producción energética del carbón. Las renovables también crean muchos más puestos de trabajo.
6. Ni carbón ni nucleares. En el sistema eléctrico español las energías renovables tienen una capacidad de producción casi el doble que las nucleares. Además, sobra mucha capacidad de generación de electricidad. Es un falso debate el querer plantear la dicotomía entre el carbón y las nucleares debido a que España podría prescindir sin grandes sobresaltos de estas dos fuentes energéticas tan contaminantes y peligrosas.
7. El carbón destruye montañas llenas de vida. Las minas a cielo abierto destruyen aceleradamente la biodiversidad y los ecosistemas locales contaminando aguas, tierras, aire, especialmente en León. Los cielos abiertos no son marginales ni anecdóticos. Al ser intensivos en maquinaria y al tener poca mano de obra, de las subvenciones resultan grandes beneficios económicos, por lo que los empresarios mineros condicionan la permanencia de la minería de interior a las subvenciones y a los cielos abiertos. El mayor empresario minero del carbón, el leonés: Victorino Alonso, ejerce la presión neocaciquil y el chantaje del empleo amenazando con cerrar todas las minas, las de cielo abierto y las de interior. Muchas de las explotaciones a cielo abierto (como las nueve del Valle de Laciana en León), han sido declaradas ilegales por el Tribunal Europeo de Justicia en noviembre del 2011 a causa de la enorme destrucción ambiental de especies y montañas protegidas por las directivas ambientales europeas.
8. Las minas frenan las alternativas económicas. El monocultivo del carbón en las cuencas mineras constituye un gran despilfarro y su mantenimiento mediante subvenciones estatales sustrae recursos y posibles inversiones en otras actividades y economías alternativas compatibles con la protección ambiental. Tanto el impacto ambiental como la presión política del sector minero suponen grandes barreras a las iniciativas de creación de empleo alternativas.
9. ¿Cualquier puesto de trabajo ha de ser bienvenido? No hay que estar igualmente en contra de todos los recortes. Huelga decir que actualmente no sobra el dinero público y es deseable el que se tenga un especial cuidado en su inversión. PSOE y IU hacen una defensa numantina de las subvenciones al carbón en nombre de la prioridad de los puestos de trabajo de los mineros y por encima de cualquier otro interés y necesidad colectiva. Pero entonces ¿porqué mantener las subvenciones al carbón y en cambio recortar la ayudas a muchas otras actividades con mucho más beneficios sociales y ambiéntales? Las movilizaciones de mineros y la llamada "marcha negra" de mineros que apoyan las subvenciones al carbón no merece ser apoyado por el amplio movimiento en contra de los recortes sociales porque este apoyo sería fácilmente utilizado para desacreditar las justas críticas al PP. Hay que apoyar a los ex-mineros, no al carbón.
10. Intimidación y violencia no son compatibles con la democracia. El bloque político, sindical y empresarial defensor pro-carbón, defensor de la continuidad de las subvenciones al carbón perpetúa las políticas locales de clientelismo, manipula e impide el ejercicio de los derechos fundamentales de libertad de opinión en medio de un ambiente social de violencia y la persecución de ecologistas. En las regiones mineras no existe un contexto propicio para el libre debate sobre el futuro económico y social. Las voces políticas y cívicas discrepantes no pueden ejercer libremente sus derechos democráticos.
Algunos datos significativos para tener en cuenta:
+Las emisiones de CO2 en España crecieron el 9.2% en el 2011 en el sector energético prinicipalmente a causa del “Decreto” para la quema del “carbón nacional”. A pesar de la crisis las emisiones generales de CO2 crecieron el %0.1 en el 2011.
+España incumple sus conpromisos legales con el Tratado de Kioto y con la UE. En comparación con el 1990 las emisiones de CO2 en España han aumentado el 22.8% cuando su objetivo legal para el final del 2012 es el 15%. Los contribuyentes tendrán que pagar las consecuencias de este incumplimiento.
+Los ciudadanos contribuyentes españoles tendrán que pagar entre 450 y 850 millones de euros para “compensar” este exceso de emisiones de CO2 en el 2011 mediante la compra de “derechos de emisión”. Una parte significativa de las emisiones viene de las térmicas de carbón subvencionadas.
+Cada minero de carbón en activo supone un gasto público de más de 100 mil euros cada año en ayudas públicas directas e indirectas al sector.
+En noviembre de 2011 el Tribunal Europeo de Justicia declaró ilegales las minas de carbón a cielo abierto del Valle de Laciana, Léón.
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